LA VOZ DEL AFECTADO. Injusto, inmoral y discriminatorio.

Queremos exponer el artículo de un ciudadano publicado el La Voz de Galicia el 7/02/17 con el que nos sentimos totalmente de acuerdo y por lo que se deberían tomar las medidas necesarias para terminar con esta injusticia.

Eugenio Toja Vázquez

Cada día que pasa me indigno más con lo que está ocurriendo a mi alrededor en este país tan bonito y rico, que lentamente va camino del desastre por culpa de la burocracia tan surrealista y absurda que tenemos.

Resulta que mi madre, Generosa Vázquez Insua, con una edad de 95 años, tiene aprobado un grado dos de dependencia que posiblemente le sea ampliado a un grado tres este año, pues la situación por la que atraviesa en vez de mejorar empeora cada día, pero, para nuestra desgracia, tenemos que pagar el alquiler de una cama hospitalaria con su correspondiente IVA del 21%, mientras otros pagan uno tipo reducido.
Al carecer del correspondiente certificado de discapacidad emitido por el órgano competente de A Xunta de Galicia tenemos que pagar un IVA del 21%, y consecuentemente no puede acogerse al pago de un IVA más reducido.

Para poder solicitar dicho certificado de discapacidad tengo que llevarla a la ciudad de A Coruña que está a 66 km de la localidad de Laxe, en la que residimos. No obstante, con la edad y el estado de salud de mi madre, esto se vuelve un asunto complicado e imposible de realizar, ya que no va a poder aguantar este viaje y el tiempo de espera en el edificio de A Xunta.

Lo que no entiendo es que si mi madre ya ha sido valorada por un tribunal especial que le concedió un grado dos que posiblemente se amplíe a un grado tres, y siendo éste tribunal es un tribunal público de A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, alguien me podría explicar: ¿Por qué mi madre tiene la obligación de pagar un 21% de IVA al carecer de un certificado de discapacidad a sabiendas de que no puede valerse por sí misma ya que tiene reconocida una valoración de su grado de dependencia?

No me parecen justas las actuales normativas que discriminan a ancianos de 95 años que no pueden valerse por sí mismos por no tener un certificado oficial de discapacidad. No vale para los servicios sociales disponer de un certificado de grado de dependencia que también sigue unos criterios muy exigentes para la valoración de personas con graves problemas de salud y movilidad.

¿En que se piensa cuando se editan las leyes y demás normativas? En otros casos se validan certificados sin contemplaciones, y en éste la valoración de grado de dependencia no vale para tener un IVA más reducido porque solo vale el otro certificado. Injusto, inmoral y discriminatorio.